La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 integrantes de la que sería la primera célula con presencia en Chile del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y con operaciones en distintos países del continente. La audiencia comenzó el pasado jueves y culminó este domingo, instancia en la que los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico. En el procedimiento participaron el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; el fiscal jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez; y el fiscal Yans Escobar. Sábado 03 Octubre, 2026 | 00:15 Tras la audiencia, nueve de los formalizados quedaron en prisión preventiva. Estos se suman a otros 10 imputados que ya permanecían privados de libertad debido a medidas cautelares o condenas decretadas anteriormente por diferentes delitos. De esta manera, los 19 integrantes de la presunta célula del PCC investigada en Chile permanecen actualmente recluidos en distintos recintos penitenciarios del país. Fiscalía aclara cifra de formalizados La Fiscalía Metropolitana Sur también aclaró por qué fueron formalizados 19 integrantes de la organización, pese a que originalmente eran 21 los imputados detenidos en el marco de la investigación. Según precisó el Ministerio Público, uno de ellos fue formalizado en esta etapa únicamente por un delito de tráfico de drogas y no como integrante del PCC. En tanto, otro imputado, que ya se encontraba recluido en un recinto penitenciario, no fue trasladado hasta la audiencia, por lo que su formalización quedó pendiente y se realizará próximamente. La primera célula del PCC detectada en Chile El Primer Comando de la Capital es considerado una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente y mantiene una fuerte presencia al interior de recintos penitenciarios. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, la organización participa en diferentes mercados ilícitos, denominados internamente como sintonías, entre ellos el contrabando y el tráfico de drogas. Además, se le vincula con la comisión de homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación. La organización cuenta también con un modelo interno basado en estatutos, procesos de “bautismo”, fichas de integrantes, adoctrinamiento y catastros de sus miembros. Estos antecedentes son registrados en el denominado Libro blanco. A ello se suma la existencia de un Libro negro, en el que se incorporaría a antiguos integrantes de la organización, contra quienes incluso se pueden decretar órdenes de muerte. Investigación comenzó por cooperación internacional La investigación desarrollada en Chile por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) surgió principalmente a partir de mecanismos de cooperación internacional. Entre los antecedentes recibidos se encontraba información proveniente de la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que daba cuenta de la existencia de integrantes del PCC operando en territorio chileno. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó diferentes evidencias recopiladas durante la investigación para acreditar la presencia de miembros de la organización en el país. Además de los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, algunos de los imputados fueron formalizados por infracciones a la Ley de Armas y tráfico de drogas. Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Fuente: BioBioChile
Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y alcanzó su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem. El sondeo reveló que un 32% aprueba la gestión del Mandatario, lo que representa una caída de cuatro puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación aumentó seis puntos y llegó al 63%, su registro más alto desde el inicio de su administración en marzo pasado. La medición también consultó por la percepción respecto del rumbo del país: un 61% considera que Chile avanza por un mal camino, mientras que un 35% estima que lo hace en la dirección correcta. Cadem también midió la recepción de la cadena nacional en la que el Presidente presentó los principales lineamientos del Presupuesto 2027. Un 67% aseguró haber visto o haberse informado sobre el mensaje presidencial. Entre ellos, un 49% evaluó la intervención como mala o muy mala, un 31% la calificó positivamente y un 20% la consideró regular. Respecto de los anuncios realizados por Kast, un 26% señaló como la medida más importante destinar US$9,5 billones a crecimiento, empleo y reconstrucción, mientras que un 16% destacó el aumento de recursos para salud y la reducción de las listas de espera. Por otra parte, un 63% considera justificado revisar que quienes reciben beneficios sociales efectivamente cumplan con los requisitos, mientras que un 31% no comparte esa medida. Además, un 57% está de acuerdo con la afirmación del Presidente de “nunca gastar lo que no se tiene”. La encuesta abordó además la percepción sobre el desempeño económico. Un 71% atribuye la falta de crecimiento a factores políticos y económicos internos, mientras que un 26% considera que responde principalmente al escenario económico internacional. Al consultar quién tiene responsabilidad por el bajo crecimiento, un 46% apunta al actual Gobierno, mientras que un 27% responsabiliza a las administraciones anteriores. Sobre lo que podría ocurrir durante 2027, las opiniones están prácticamente divididas: un 33% cree que el crecimiento aumentará, un 34% estima que disminuirá y un 31% piensa que se mantendrá en niveles similares. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó a 19 integrantes de la que sería la primera célula con presencia en Chile del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y con operaciones en distintos países del continente. La audiencia comenzó el pasado jueves y culminó este domingo, instancia en la que los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico. En el procedimiento participaron el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; el fiscal jefe de Alta Complejidad, Alex Cortez; y el fiscal Yans Escobar. Sábado 03 Octubre, 2026 | 00:15 Tras la audiencia, nueve de los formalizados quedaron en prisión preventiva. Estos se suman a otros 10 imputados que ya permanecían privados de libertad debido a medidas cautelares o condenas decretadas anteriormente por diferentes delitos. De esta manera, los 19 integrantes de la presunta célula del PCC investigada en Chile permanecen actualmente recluidos en distintos recintos penitenciarios del país. Fiscalía aclara cifra de formalizados La Fiscalía Metropolitana Sur también aclaró por qué fueron formalizados 19 integrantes de la organización, pese a que originalmente eran 21 los imputados detenidos en el marco de la investigación. Según precisó el Ministerio Público, uno de ellos fue formalizado en esta etapa únicamente por un delito de tráfico de drogas y no como integrante del PCC. En tanto, otro imputado, que ya se encontraba recluido en un recinto penitenciario, no fue trasladado hasta la audiencia, por lo que su formalización quedó pendiente y se realizará próximamente. La primera célula del PCC detectada en Chile El Primer Comando de la Capital es considerado una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente y mantiene una fuerte presencia al interior de recintos penitenciarios. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, la organización participa en diferentes mercados ilícitos, denominados internamente como sintonías, entre ellos el contrabando y el tráfico de drogas. Además, se le vincula con la comisión de homicidios, robos violentos, secuestros y otros delitos de alta connotación. La organización cuenta también con un modelo interno basado en estatutos, procesos de “bautismo”, fichas de integrantes, adoctrinamiento y catastros de sus miembros. Estos antecedentes son registrados en el denominado Libro blanco. A ello se suma la existencia de un Libro negro, en el que se incorporaría a antiguos integrantes de la organización, contra quienes incluso se pueden decretar órdenes de muerte. Investigación comenzó por cooperación internacional La investigación desarrollada en Chile por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) surgió principalmente a partir de mecanismos de cooperación internacional. Entre los antecedentes recibidos se encontraba información proveniente de la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que daba cuenta de la existencia de integrantes del PCC operando en territorio chileno. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó diferentes evidencias recopiladas durante la investigación para acreditar la presencia de miembros de la organización en el país. Además de los delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, algunos de los imputados fueron formalizados por infracciones a la Ley de Armas y tráfico de drogas. Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Fuente: BioBioChile
Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y alcanzó su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem. El sondeo reveló que un 32% aprueba la gestión del Mandatario, lo que representa una caída de cuatro puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación aumentó seis puntos y llegó al 63%, su registro más alto desde el inicio de su administración en marzo pasado. La medición también consultó por la percepción respecto del rumbo del país: un 61% considera que Chile avanza por un mal camino, mientras que un 35% estima que lo hace en la dirección correcta. Cadem también midió la recepción de la cadena nacional en la que el Presidente presentó los principales lineamientos del Presupuesto 2027. Un 67% aseguró haber visto o haberse informado sobre el mensaje presidencial. Entre ellos, un 49% evaluó la intervención como mala o muy mala, un 31% la calificó positivamente y un 20% la consideró regular. Respecto de los anuncios realizados por Kast, un 26% señaló como la medida más importante destinar US$9,5 billones a crecimiento, empleo y reconstrucción, mientras que un 16% destacó el aumento de recursos para salud y la reducción de las listas de espera. Por otra parte, un 63% considera justificado revisar que quienes reciben beneficios sociales efectivamente cumplan con los requisitos, mientras que un 31% no comparte esa medida. Además, un 57% está de acuerdo con la afirmación del Presidente de “nunca gastar lo que no se tiene”. La encuesta abordó además la percepción sobre el desempeño económico. Un 71% atribuye la falta de crecimiento a factores políticos y económicos internos, mientras que un 26% considera que responde principalmente al escenario económico internacional. Al consultar quién tiene responsabilidad por el bajo crecimiento, un 46% apunta al actual Gobierno, mientras que un 27% responsabiliza a las administraciones anteriores. Sobre lo que podría ocurrir durante 2027, las opiniones están prácticamente divididas: un 33% cree que el crecimiento aumentará, un 34% estima que disminuirá y un 31% piensa que se mantendrá en niveles similares. Fuente: Publimetro
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se pronunció sobre el asesinato del sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos en Quilleco, región del Bío Bío, calificándolo como un acto que va más allá de ser simplemente un delito, ya que representa un desafío al Estado de Chile. Arrau resaltó la gravedad de la situación al recordar un incidente similar ocurrido hace una semana, enfatizando que la muerte de un carabinero no es el costo de hacer nuestro trabajo. Nunca podríamos hablar en esos términos, sino que cada carabinero es una vida, hay una familia, hay una historia de servicio atrás. Enfatizó que atacar a un carabinero no solo afecta a la institución policial, sino que constituye un desafío para todo el país. Por ello, aseguró que se utilizarán todos los medios disponibles para resolverlo, para hacer que esa persona cumpla en la cárcel las penas más altas posibles y garantizar que no haya impunidad en estos casos. Además, el ministro expresó su compromiso de seguir respaldando a los carabineros en diversas situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, operativos especiales y situaciones de orden público o violencia callejera. Arrau pide avanzar en respaldo jurídico a las policías Finalmente, Martín Arrau instó a avanzar en legislación para brindar un respaldo jurídico sólido a las fuerzas policiales, haciendo referencia a las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza. Hago un llamado nuevamente a derribar diferencias y a aunar voluntades para que estas fuerzas policiales tengan no solo más recursos, como está contemplado en la nueva Ley de Presupuesto con un incremento significativo, sino también respaldo jurídico. Y así como la Ley Nain Retamal fue un hito, queremos que las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza representen ese apoyo necesario para nuestras policías, concluyó. Cabe mencionar que previamente, Arrau había expresado su pesar por el fallecimiento del sargento Urrea a través de sus redes sociales. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea, escribió. Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros; perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) October 5, 2026 Fuente: BioBioChile
La custodia de drogas, teléfonos celulares y otros elementos de comunicación incautados al interior de las cárceles vuelve a ser objeto de cuestionamiento en dos nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a Gendarmería. Los informes finales N°285 y N°463, correspondientes a las regiones del Bío Bío y Metropolitana respectivamente, fueron notificados el martes y publicados ayer por la Contraloría. Ambos abarcaron los procedimientos realizados durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 en los recintos penitenciarios de esas zonas. Los resultados son alarmantes. Se encontraron 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados entre ambas regiones, documentos cruciales para seguir el recorrido de una evidencia desde su descubrimiento hasta su entrega a las autoridades correspondientes. Además, se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser localizados durante inspecciones físicas: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II. Ante esta situación, la Contraloría ha instruido procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los fines que en derecho correspondan. Estos hallazgos surgen en un momento especialmente delicado, ya que durante la madrugada del miércoles se llevó a cabo la detención de Álex Vega Torres, destacado dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Si bien las auditorías no vinculan directamente a Vega con estas irregularidades, ponen en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control de evidencias dentro de las cárceles que parecen persistir. Cadenas de custodia extraviadas En la Región Metropolitana se detectó el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia, con 735 casos respaldados por Gendarmería pero otros 951 sin explicación documental. La problemática se concentró principalmente en Colina II, Colina I, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y el CPF San Miguel. Por su parte, en el Bío Bío se inició con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. A pesar de que Gendarmería logró subsanar 644 casos, 1.003 permanecieron extraviados, siendo el Complejo Penitenciario Bío Bío donde se concentraron la mayoría. Teléfonos celulares desaparecidos En el Complejo Penitenciario Bío Bío se encontraron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia, los cuales no tenían registro de entrega a Fiscalía ni fueron hallados durante la inspección. En Colina II también se detectaron 32 elementos incautados que no pudieron ser ubicados. La auditoría metropolitana ordenó regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares bajo custodia institucional, señalando deficiencias en registros como IMEI, códigos de chips y descripción detallada. Incumplimientos en entrega de drogas Los informes revelaron incumplimientos en la entrega oportuna de decomisos de drogas a los servicios sanitarios, lo cual debe realizarse dentro de las primeras 24 horas tras su hallazgo. En la Región Metropolitana se observaron 44 formularios con entregas tardías, mientras que en el Bío Bío hubo 24 entregas fuera del plazo establecido. Gendarmería argumentó restricciones horarias para justificar algunos retrasos, pero la Contraloría mantuvo su observación al no encontrarse autorizaciones judiciales para extender los plazos legalmente establecidos. Acciones disciplinarias y remisión a Fiscalía A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ha ordenado a Gendarmería iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo determinado y mejorar sus controles internos. Se destaca la necesidad urgente de fortalecer los registros, garantizar la seguridad en las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos para una mayor eficiencia operativa. Ahora será responsabilidad del Ministerio Público investigar las posibles irregularidades detectadas nuevamente dentro del sistema penitenciario. Fuente: BioBioChile
