Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
La formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comenzó hoy a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en medio de manifestaciones desobrevivientes del estallido social y lacoordinadora de víctimas de trauma ocular. Entre los manifestantes destacó la presencia de la senadora Fabiola Campillai, quien expresó:Estamos aquí exigiendo justicia. Asimismo, durante la audiencia, la defensa de Yáñez, encabezada por un nuevo abogado, solicitó aplazar el proceso por siete días, argumentando el reciente cambio de representación legal y la gran cantidad de información en la carpeta investigativa. Además, mencionó problemas de salud de un abogado anterior. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, destacando la necesidad de equilibrar los derechos de las víctimas con el derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público confirmó que la audiencia continuará hasta las 16:00 horas de hoy y se extenderá hasta mañana. Finalmente, la parte querellante criticó la solicitud de la defensa, calificándola como unaacción dilatoria en un proceso que lleva más de un año en preparación. Las pancartas y consignas en las afueras del tribunal pedían la formalización de los mandos responsables por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
Este jueves al mediodía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se pronunciará sobre las medidas cautelares para los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes han sido formalizados en el caso “Alto Mando”. Los imputados enfrentan una variedad de posibles sanciones, que van desde arraigo nacional y firma quincenal hasta la prisión preventiva, según lo solicitado por la parte acusadora. Ante esto, el debate sobre estas medidas concluyó ayer, con la presentación de argumentos por parte de la defensa, que insiste en la inocencia de Yáñez y sus compañeros. Nicolás Oxman, abogado de Yáñez, enfatizó que su cliente actuó dentro de los parámetros establecidos, asegurando que nunca hubo omisión en sus acciones y que se implementaron los protocolos necesarios para garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, rebatió esta defensa, subrayando que, aunque se llevaron a cabo algunas acciones, estas no fueron suficientes para evitar los apremios ilegítimos que se les imputan. Asimismo, Marisol García, abogada querellante, destacó que, aunque ha disminuido el número de casos con fallos judiciales, esto no impide la imputación de los altos mandos de Carabineros. Finalmente, la espera culminará este jueves, cuando el juez Cristian Sánchez determine el futuro judicial de los generales Yáñez, Rozas y Olate, y si enfrentarán medidas restrictivas en su proceso.
La formalización del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, comenzó hoy a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en medio de manifestaciones desobrevivientes del estallido social y lacoordinadora de víctimas de trauma ocular. Entre los manifestantes destacó la presencia de la senadora Fabiola Campillai, quien expresó:Estamos aquí exigiendo justicia. Asimismo, durante la audiencia, la defensa de Yáñez, encabezada por un nuevo abogado, solicitó aplazar el proceso por siete días, argumentando el reciente cambio de representación legal y la gran cantidad de información en la carpeta investigativa. Además, mencionó problemas de salud de un abogado anterior. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, destacando la necesidad de equilibrar los derechos de las víctimas con el derecho a una defensa adecuada. El Ministerio Público confirmó que la audiencia continuará hasta las 16:00 horas de hoy y se extenderá hasta mañana. Finalmente, la parte querellante criticó la solicitud de la defensa, calificándola como unaacción dilatoria en un proceso que lleva más de un año en preparación. Las pancartas y consignas en las afueras del tribunal pedían la formalización de los mandos responsables por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
La Fiscalía de Antofagasta se encuentra en alerta tras la sospecha de un posible incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total impuesta a Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación Democracia Viva. Andrade está acusado junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por tres delitos de fraude al fisco. Desde fines de febrero, Andrade cumple con la medida de arresto domiciliario en la casa de su madre, ubicada en La Florida. Sin embargo, un reciente informe de Carabineros presentado al Juzgado de Garantía de Antofagasta, al que tuvo acceso La Tercera, ha generado inquietud. El informe revela que el 8 de marzo, el sargento segundo Víctor Soto intentó realizar una visita de verificación a las 5:20 horas sin recibir respuesta por parte de los ocupantes del domicilio. El 1 de agosto, la jueza Claudia Campusano ordenó que estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público. A sus antecedentes oficio N°1700 de la 61° Comisaría de Carabineros Cabo 2° Pablo Silva Pizarro, el cual indica que el imputado Daniel Francisco Andrade Schwarze, no ha dado cumplimiento a la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante el período que se indica, téngase presente. Póngase en conocimiento del Ministerio Público para los fines que correspondan , expresó la jueza Campusano. En respuesta a la situación, los fiscales han solicitado una audiencia para revisar la medida cautelar de Andrade y evaluar la posibilidad de imponer una sanción más severa. La defensa de Andrade, por su parte, presentó un escrito el 19 de marzo en el que asegura que su cliente estaba en el domicilio el 8 de marzo y que la falta de respuesta podría haberse debido a la ausencia de un timbre en la propiedad, lo cual ha sido subsanado con la instalación de uno en abril. La defensa solicita que se considere esta información en la próxima audiencia para evitar una posible modificación de la medida cautelar.
