Un estudio realizado por la Universidad Diego Portales revela que la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT) ha generado una disminución significativa en la disponibilidad de viajes a través de aplicaciones de transporte, llegando a alcanzar hasta un 88% menos a nivel nacional. Esta normativa, promulgada el 19 de abril como Ley 21.553, tiene como objetivo establecer condiciones equitativas para taxis y apps de transporte, estableciendo requisitos básicos para su funcionamiento.

Entre estos requisitos se encuentra la obligación de que los conductores cuenten con una Licencia "Clase A" (licencia profesional) y que los vehículos tengan una antigüedad máxima de 12 años y una cilindrada mínima de 1.500 cc (o 1.400 cc para un sedán).

El impacto de esta ley en la movilidad de las personas es evidente, ya que se podrían generar tiempos de espera más prolongados y una reducción en las alternativas de traslado. Según el estudio de la UDP, esta situación afectará especialmente a las ciudades más pequeñas, así como a las zonas rurales y suburbanas. Millones de personas que utilizan este servicio para llegar a sus trabajos o conectar con otros medios de transporte se verán perjudicadas, ya que sus trayectos se realizarán en más tiempo y con menos opciones.

El director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, Louis de Grange, señala que igualar el servicio que prestan las plataformas a los taxis será devastador para la movilidad de algunas ciudades. Además, destaca que las regiones más afectadas por esta ley a nivel nacional serían Magallanes, Tarapacá y Valparaíso.

A nivel más local, las comunas más perjudicadas serían Punta Arenas en la Región de Magallanes, Paine en la Región Metropolitana y Antofagasta en la región homónima. Estas localidades sufrirán de manera más directa las consecuencias de la reducción en la disponibilidad de viajes por apps de transporte.